La iniciativa busca crear un nuevo organismo que concentre la fiscalización tributaria y aduanera, con herramientas para perseguir el contrabando, el lavado de activos y las operaciones comerciales fraudulentas. La propuesta contempla el uso de inteligencia artificial, intercambio de información con organismos persecutores y una estructura especializada en delitos económicos. Sus impulsores solicitan al Presidente de la República que envíe un proyecto de ley al Congreso.