Tras la investigación de la Contraloría que dio a conocer el mal uso de permisos de salud por parte de más de 25 mil funcionarios públicos, la emisión de estos disminuyó en un 13%, mientras que el gasto asociado se redujo en más de $586 mil millones. Sin embargo, aunque las autoridades destacan nuevos mecanismos de fiscalización y cruces de datos, expertos advierten que aún no existen reformas estructurales, y que las sanciones a los responsables avanzan con lentitud.