Una nueva investigación que llevó adelante la organización social “Contraloría Ciudadana” de Ciudad del Este, ha detectado una nueva irregularidad cometida por el equipo del exintendente destituido y hoy postulante a la presidencia de la República por la oposición, Miguel Prieto. De acuerdo a los datos recabados por esta organización la abogada Gilda María Portillo Vera, que ejerce como defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.