Aunque República Dominicana dispone de centros de reclusión especiales para miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, la legislación no establece que los agentes sometidos a un proceso penal deban cumplir de manera obligatoria la prisión preventiva en esos recintos, por lo que un juez puede ordenar su traslado a un centro penitenciario del sistema ordinario.