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El Tribunal Constitucional no solo puso fin a seis meses de suspensión del juicio ejecutivo iniciado por Inmobiliaria San Valentino. Pese a que el conflicto constitucional desapareció tras el desistimiento de las tachas a los testigos, igualmente desarrolló un análisis de fondo y dejó fijado un criterio relevante: la discusión sobre si funcionarios municipales y concejales pueden ser considerados "dependientes" para efectos de ser inhabilitados como testigos es una cuestión de legalidad que deberá resolver el juez civil y no la justicia constitucional. La única disidencia, obviamente, fue el ex integrante del gobierno de Sebastián Piñera, hoy ministro del TC Héctor Mery.