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La opción de que el actual Mandatario pueda remitir las condenas a uniformados condenados por el estallido social, y a exagentes del Estado sentenciados por violaciones de DD.HH., vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de esta atribución, su impacto en la justicia y la conveniencia de mantenerla. En los últimos días, además, la muerte en prisión del exlautarista Juan Aliste Vega suma una nueva arista a la conversación pública.