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El desahucio de Mari Carmen, una mujer de más de ochenta años que residía setenta en la misma vivienda, ha sido calificado como una tragedia social que las instituciones madrileñas no supieron evitar. El orador señala que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad Autónoma tienen competencias directas en protección de personas vulnerables en materia de vivienda y que ambas administraciones ignoraron la demanda social. Se menciona también que la aprobación de un real decreto ley propuesto por el gobierno de coalición antes del verano habría impedido la situación actual que atraviesa Mari Carmen.