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Una sentencia del 29 de junio de 2026 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al revisar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las devoluciones en caliente de inmigrantes que llegaban por mar, facilitó, exactamente un mes después, la avalancha de 80.000 inmigrantes del 30 de julio. El Gobierno y sus servicios de inteligencia no la vieron venir, pese a que la Abogacía del Estado intentó disuadir a la Sala Tercera.